En el Perú son las prestadoras de servicios las que brindan el servicio de saneamiento en el ámbito urbano y rural. Las mismas que afrontan limitaciones de índole administrativo, económico y tecnológico. En el Perú estas comprenden a empresas u organizaciones que abastecen del servicio de agua potable y alcantarillado a la población: (1) Empresas Prestadoras de Servicios EPS, para las ciudades principales y urbanas; (2) Municipio/Unidad de Gestión Municipal; y (3) Prestadoras del Ámbito Rural, esto es, organizaciones comunales[1] que son las más precarias y con grandes limitaciones para autoadministran el servicio. En los siguientes párrafos, procedemos a explicar con mayor detalle la situación actual de los tres sistemas.
Empresas Prestadoras de Servicios (EPS)
Un porcentaje considerable de la población que vive en zonas urbanas recibe agua por las empresas prestadoras (EP[2]), existiendo actualmente 50 de ellas[3], distribuidas en 24 regiones del país y en la provincia constitucional del Callao, de las cuales 18 se encuentran en Régimen de Apoyo Transitorio (RAT)[4], además de una prestadora en Tumbes, dado que no logran mantenerse financieramente; es decir, no logran brindar el servicio de operación y mantenimiento en óptimas condiciones. Al parecer, esta diversidad complica la sostenibilidad de algunas, porque los recursos económicos y humanos resultan insuficientes para operar el servicio. En líneas generales, las 19 EPS que se hallan en RAT, evidencian las siguientes debilidades: (1) Las tarifas no cubren los gastos de operación y mantenimiento; (2) limitados recursos humanos; (3) en algunos casos, no hay profesionales idóneos; (4) en otros casos, se han implementado plantas de tratamiento que encarecen el servicio. Pese a todo, las EPS son las que brindan un mejor servicio a la población, están supervisadas por la Sunass y deben cumplir con indicadores establecidos para ofrecer un óptimo servicio de saneamiento.
Unidad de Gestión Municipal en pequeñas ciudades: Prestadores de Pequeñas Ciudades [5]
En los distritos pequeños y en los más alejados de las grandes ciudades, son los municipios quienes administran el servicio. Sin embargo, según el nuevo marco legal, la responsabilidad debe recaer en la Unidad de Gestión Municipal, que a la fecha no ha sido implementada en la mayoría de los municipios. Por tal motivo, son los gobiernos locales, con limitaciones económicas y técnicas, los que operan los servicios. Las tarifas son muy bajas, no cubren la operación y mantenimiento del mismo, y en muchos casos se mantienen en el mismo nivel por promesa electoral. Elemento preocupante es la baja calidad del agua que en muchas ciudades no se controla. Según la nueva ley los prestadores operarán el servicio por determinado tiempo y después deberán integrarse a una empresa prestadora. Dicha ley no deja claro dicho lapso, ni establece la obligatoriedad de la integración, a lo que se suma que en diversos municipios no existe la intención debido a promesas electorales.
Prestadoras del Ámbito Rural: Organizaciones Comunales[6]
Las organizaciones comunales son creadas jurídicamente sin fines de lucro y están encargadas de administrar, operar y mantener los servicios de saneamiento[7] en zonas rurales con el reconocimiento municipal de su jurisdicción. Actualmente, deberían estar reguladas por las Sunass.
A partir del 2014, existen más de 24 mil organizaciones comunales que prestan servicios de saneamiento (sólo agua). Según monitoreo de indicadores de prestadores del ámbito rural[8], el 34 % cuenta con una constancia de inscripción otorgada por la municipalidad, mientras que el 65% cuenta con un protocolo para la elección de sus respectivas directivas. Sólo el 11% son presididas por una mujer. Es preciso indicar que las comunidades y caseríos rurales de todo el país han operado siempre este servicio (clorar, limpiar y mantener el sistema de agua) para lo cual se establece una tarifa que muchas veces no se paga. Es decir, en muchos hogares rurales no se potabiliza el agua y la ayuda recibida por el Estado es muy escasa, de modo que los municipios, a través de las Áreas Técnicas Municipales ATM, les brindan cloro a las Juntas Administradoras de servicios de saneamiento JASS registradas. En ese sentido, uno de los grandes retos que tenemos como país, es lograr que estos operadores se articulen, sean administrados por el Estado, y así brindar un servicio de calidad a todas las zonas rurales.
Retos y desafíos
Rentabilidad social. Es común escuchar en la formulación de los proyectos sobre la rentabilidad económica, más poco se habla acerca de la rentabilidad social, centrada en el ser humano y con la finalidad de mejorar su calidad de vida, sin analizar exclusivamente lo económico. Contar con agua potable es un derecho fundamental de toda persona; negárselo, atentar contra su salud y vida.
Mejorar indicadores de calidad, continuidad y presión del agua. En muchas regiones el agua se abastece por horas, considerándose que muchas ciudades (en especial de las regiones de costa y selva) presentan altas temperaturas. Las familias con mejores ingresos pueden afrontar esta carencia utilizando tanques cisterna, pero las familias pobres almacenan agua en recipientes. Esta situación se repite en todo el Perú, incluso en Lima. Al respecto, es necesario establecer metas para los indicadores y medir avances en labor multisectorial. Es indispensable el lavado de manos y evitar diversas enfermedades como dengue, la chikinguya y la malaria.
A nivel de EPS, es necesario continuar fortaleciéndolas para que de forma autónoma brinden un servicio eficiente y de calidad, así como disminuir las brechas y desigualdades en servicio entre EPSs. También es necesario reflexionar sobre el número de EPSs en cada región, requiriéndose una institución sólida que tenga la ventaja de descentralizar el servicio.
Es primordial que el Estado continue realizando esfuerzos para fortalecer la infraestructura, gestión del servicio y calidad del agua a nivel nacional priorizando las áreas rurales donde se concentra el déficit de cobertura y calidad. Así mismo, es necesario un mayor enfoque hacia el tratamiento de aguas para que ésta sea segura a nivel nacional. Fortalecer los sistemas de vigilancia de calidad del agua a nivel organizacional y de gestión de las propias comunidades es prioritario en regiones remotas del país.
[1] El número 2 y 3 han sido definidos por el DL Nº 1280.
[2] Las empresas prestadoras (EP) son entidades públicas, privadas y mixtas, que brindan los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, tratamiento de aguas residuales para disposición final o reúso y disposición sanitaria de excretas, en zonas urbanas.
[3] 50 EPS en 24 regiones: 13 regiones cuentan con una sola, en tanto Cusco, Ica, Puno y Lima Provincias tienen en promedio 4 EPS.
[4] La función principal del Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) es el fortalecimiento de las capacidades de los prestadores urbanos. Para ello, dirige el Régimen de Apoyo Transitorio, Integra procesos y territorios, y apoya el fortalecimiento de capacidades de las EPS municipales.
[5] Una pequeña ciudad viene a ser la zona urbana con población entre 2001 y 15 000 habitantes, ubicada fuera del ámbito de responsabilidad de una empresa prestadora de servicios de saneamiento.
[6]Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS), Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos u otra modalidad elegida voluntariamente por la comunidad.
[7]Definición del Programa Nacional de Saneamiento Rural – PNSR.
[8]Monitoreo realizado por la Sunass en el 2019.
